Funprode Rapsa ::.. Red de Defensoría Social

Llamado de Red “Vías Alternas” en Centroamérica Amenaza sobre logros alcanzados en Justicia Penal  Juvenil

 http://viasalternas.dnicostarica.org

Una reforma que aumenta  la pena máxima  para personas menores de edad en conflicto con la ley en El Salvador y  un particular  toque de queda en Panamá, están entre las iniciativas  que amenazan los derechos humanos de esta población en Centroamérica. Intentos similares en otros países de la región ponen en jaque logros alcanzados en el contexto  penal juvenil que enfrenta  una  hoy coyuntura álgida. Desde la Red “Vías Alternas”  hacemos un llamado a  gobiernos,   organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil  para defender y promover los estándares internacionales en materia de Justicia Penal Juvenil que se reflejan en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos para todos los niños y niñas, en todos los países y culturas, en todo momento y sin excepción. 

Específicamente en Justicia Penal Juvenil, los Artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, recogen los parámetros desarrollados en los demás instrumentos internacionales, a saber: las “Reglas de Beijing”, las “Directrices de Riad”, y las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad”. 

De esta forma, la CDN establece el marco para que los Estados garanticen los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley, bajo el Principio de Interés Superior del Niño, el principio de humanidad, el principio de no discriminación y el principio educativo. 

No obstante, a pesar de que tanto la Convención como las normativas nacionales ratifican que la Justicia Penal Juvenil debe ser una justicia especializada con disposiciones específicas, la realidad centroamericana actual nos muestra graves amenazas de retroceso en la lucha por la especialización de la justicia para personas menores de edad.

¿Qué es Vías Alternas? 

Vías Alternas es una iniciativa de Defensa de Niñas y Niños Internacional- Costa Rica (DNI-CR) que inició en 2006 bajo el auspicio de la Embajada de Holanda y con la participación de las siguientes contrapartes: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), por El Salvador; el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), por Honduras; la Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE), por Nicaragua y la Comisión de Justicia y Paz (JUSPAX), por Panamá. 

El proyecto tiene como objetivo principal promover el diseño e implementación de políticas públicas para la reducción de la violencia penal contra las personas adolescentes y jóvenes en Centroamérica; de forma tal que se prevengan y se denuncien las violaciones a los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley. 

Negligencia y condiciones limitadas en infraestructura

De acuerdo con el Informe “La violencia contra niños, niñas y adolescentes” elaborado para América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas en 2006, la mayor parte de la información disponible en los países de la región muestra que una de las principales formas del ejercicio de la violencia en los centros de internamiento de personas menores de edad en conflicto con la ley es la negligencia y las limitadas condiciones generales de la infraestructura, así como la insuficiente capacitación del personal que atiende a esta población. “Más que ser sometidas a golpes o torturas, esta población está bajo condiciones de reclusión inadecuadas” cita textualmente el reporte. 

De este modo, aspectos como la precariedad de las instalaciones, condiciones de salubridad deplorables y cuidados deficientes, ausencia de sistemas organizados de re-educación técnicamente conducidos, que puedan garantizar el proceso de reinserción social y de reivindicación de sus derechos por parte de los jóvenes ahí recluidos, según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en su informe de “Violencia Institucional contra la niñez y la adolescencia”. 

Luego, el análisis de la situación más reciente nos lleva a El Salvador, donde el Poder Legislativo aprobó el Decreto No. 275 del 11 de febrero de 2010, que reforma el inciso cuatro del artículo 15 de la Ley Penal Juvenil para aumentar la pena máxima para personas adolescentes en conflicto con la ley, de 7 años según la legislación vigente, a 15 años, de acuerdo con la reforma aprobada. 

El Decreto ha sido vetado por el presidente Funes por encontrarlo "inconstitucional", tras el dictamen desfavorable de la comisión especial que el mandatario nombró para la valoración de la medida. Sin embargo, actualmente en El Salvador los partidos de derecha e izquierda sellan una insólita alianza para tratar de saltar el veto, pues tanto el gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) como el opositor ARENA, reclaman la medida como una "necesidad" ante los delitos que cometen las pandillas de adolescentes, para lo cual tratan de reunir la mayoría  y superar el obstáculo presidencial. 

Violación de los Derechos Humanos

Asimismo, el énfasis en la prevención del delito que había mostrado el gobierno del presidente Funes durante su primer semestre, dio un giro altamente negativo en noviembre pasado con el decreto de utilización de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, mediante la conformación de los llamados Grupos de Tarea Conjunta con la Policía Nacional Civil, los cuales enfrentan una serie de denuncias por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación a constantes violaciones de derechos, especialmente a personas adolescentes y jóvenes. 

Por su parte, la situación en Panamá también llama a reflexionar y a convocar a las organizaciones de Derechos Humanos en el hermano país. En primer lugar, es alarmante la decisión del gobierno panameño de ratificar la reducción de la edad penal mínima a los doce años. La disminución de la edad mínima penal es una realidad desde hoy en Panamá, tras la publicación el viernes 12 de marzo de la nueva disposición, con la que Panamá se suma a Costa Rica en el establecimiento de los 12 años como la edad mínima en que los niños tienen que rendir cuentas ante la justicia penal. 

Asimismo, en julio pasado, la Gobernación de Panamá emitió la Resolución DS No. 01-2009 del 27 de julio de 2009 para establecer el toque de queda para las personas menores de 18 años que estén en el espacio público de 9 de la noche a 6 de la mañana, de manera que los adolescentes que infrinjan la disposición sean sancionados con una multa de 50 dólares, que deberá ser asumida por los padres o representantes legales, y en caso de reincidencia las multas se duplicarán hasta 100 dólares. 

Una vez que inició el toque de queda, la Policía Nacional detuvo a más de mil jóvenes, de los cuales no todos fueron retirados por sus padres, principalmente por no contar con los 50 dólares para el pago de la multa. Así, las personas menores cuyos padres no acudieron a buscarlos, fueron trasladadas al Juzgado de Niñez y Adolescencia y estos a su vez los remitieron al Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) donde fueron atendidos por personal especializado para luego ubicarlos en albergues temporales hasta tanto las autoridades competentes tomen las acciones pertinentes para que los padres o tutores asuman la responsabilidad. 

Es preocupante que se adopten medidas para separar a las niñas, los niños y los adolescentes de su familia y llevarlos a centros policiales sin condiciones mínimas que garanticen su seguridad. Una vez más, se criminaliza a la niñez y a la adolescencia por la situación de inseguridad, sin haber podido comprobar que la población retenida en estos operativos esté involucrada en actos delictivos, más allá de su condición de riesgo social.

Guatemala y Costa Rica

Descritos los dos escenarios más álgidos en la región, no podemos omitir también las amenazas implícitas en otras naciones del área. En primer lugar, la conformación de la nueva Asamblea Legislativa en Costa Rica evidencia un  aumento en las curules obtenidas por el Movimiento Libertario, impulsor acérrimo del paradigma retributivo, lo que implica un riesgo para la Justicia Penal Juvenil, pues su líder ha afirmado que no dudaría en salirse de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, dado que se opone contundentemente al uso de medidas alternativas a la prisión. En su lugar, propone que los jóvenes en conflicto con la ley sean tratados como adultos. 

A la vez, en Guatemala han surgido iniciativas conservadoras desde la oposición, como la propuesta del partido Encuentro por Guatemala y del Partido Patriota para disminuir a 15 años la edad penal, las cuales no se han materializado aún en ningún proyecto de ley en este sentido.

Luego, es evidente que la situación coyuntural nos llama a proponer un diálogo articulado desde las organizaciones de la sociedad civil hacia las autoridades institucionales y académicas y con participación de las personas menores de edad, de modo tal que el tema de los derechos de las personas menores de edad no se invisibilice ni sea sujeto de discursos políticos de carácter punitivo que buscan tomar a la población adolescente y joven como chivo expiatorio de la situación de inseguridad creciente en la región. 

Deseamos concluir nuestro planteamiento y nuestro llamado a la reflexión con una cita del afamado criminólogo italiano Alessandro Baratta que consideramos refleja la importancia de la defensa y promoción de las personas menores de edad como sujetos de derechos: 

“…La niñez y la adolescencia como ciudadanía pueden convertirse en el eje de una verdadera revolución cultural en la que quizás esté contenida la oportunidad para la transformación de la sociedad hacia una sociedad más justa, más humana, más madura…”.

Baratta, A. “Democracia y derechos del Niño” (1995)

San José, 15 de marzo de 2010

Comentarios (0)

RSS Comentarios