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EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS (APROBADA EN LA XLI ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA)
La Red Vías Alternas conformada por las organizaciones en Centroamérica y Panamá (Defensa de Niñas y Niños –Internacional DNI Costa Rica, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Instituto para el Desarrollo Social y Participación Ciudadana de Honduras, Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE) de Nicaragua y Comisión de Justicia y Paz de Panamá) hacen un llamado a los gobiernos de los Estados Centroamericanos, para que realicen las acciones necesarias en la construcción de los sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil en la región.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 40.3 la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para adecuar la legislación interna a la Convención estableciendo un sistema especializado y exclusivo para fijar la responsabilidad penal de las personas adolescentes.
Dicho sistema debe centrarse en la persona adolescente, en virtud de su condición especial al encontrarse en proceso de crecimiento, como sujeto social de derechos y como el centro de todo el sistema de justicia penal juvenil. De forma que la sanción que se pueda imponer, cumpla con su función responsabilizadora y educativa, utilizando en el mínimo posible la prisión como sanción, y contrario a esto, la respuesta socioeducativa desarrolle a profundidad el principio educativo, permitiendo de esta forma, que los/as adolescentes puedan comprender y asumir las responsabilidades por las consecuencias de las acciones que han realizado.
LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA RED VÍAS ALTERNAS MANIFIESTAN A LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS:
Mostramos nuestra preocupación por las desigualdades y el problema de la exclusión social de las personas adolescentes y exigimos a los Estados incorporar dentro de las acciones encaminadas a implementar la Declaración de San Salvador, el principio de la especialización del sistema de justicia penal juvenil y el interés superior del niño/a, y adolescente.
Vías Alternas llama la atención sobre el contexto y permanente situación de represión, criminalización y mano dura contra la población adolescente centroamericana, que ha llegado a traer graves violaciones de derechos humanos:
a) Como en algunos países persisten situaciones de tortura y muerte (como linchamientos, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales);
b) Tendencias que presionan bajar de la edad máxima de responsabilidad penal con el fin de aplicar el derecho penal de adultos a personas adolescentes mayores de 15 años;
c) Los centros de privación de libertad aún no cuentan con condiciones mínimas para garantizar una calidad de vida de las personas detenidas, persisten condiciones de hacinamiento y carencia de servicios básicos como el agua potable;
d) Y una fuerte tendencia al aumento de las penas equiparándolas en algunos casos a las que se aplican a la población adulta.
Asimismo, las organizaciones que conforman la Red Vías Alternas llaman la atención sobre las situaciones del contexto actual en Nicaragua, El Salvador y Panamá; situaciones que no cumplen con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cuál todos los Estados son Parte, y demás instrumentos de protección de los derechos humanos en la materia.
EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL - NICARAGUA:
Hacemos un llamado a todos los actores que conforman el Estado nicaragüense y a la sociedad civil a reflexionar sobre el tema de la edad de responsabilidad penal adolescente, recordando que Nicaragua es Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y que esta fijó como edad máxima penal para los adolescente los 18 años, sin excepción y aceptada por la comunidad internacional.
Reiteramos los avances que ha realizado el Estado nicaragüense por mantener la edad mínima dentro del margen ideal que fija la comunidad internacional en 14 años y unas sanciones con un máximo de 6 años de privación de libertad, acordes con los parámetros internacionales; mostrando en ello congruencia con el respeto de los derechos y garantías legales de los/as adolescentes en conflicto con la ley.
Recordamos que las personas adolescentes presentan diferencias con las personas adultas en términos de desarrollo físico y psicológico y necesidades emocionales y educativas, y es justamente estas diferencias las que determinan la base de una respuesta atenuada a la culpabilidad de las personas adolescentes infractoras.
CONDICIONES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO EN PANAMÁ:
Una vez más, las organizaciones que conformamos la Red Vías Alternas expresamos nuestra preocupación por las deplorables condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Panamá, ya que pese a las tragedias que han ocurrido, los centros siguen sin garantizar las condiciones mínimas para que las personas vivan dignamente.
Señalamos que estos centros no se ajustan a los estándares que contienen los instrumentos de protección de derechos humanos, al carecer de servicios básicos como el agua y comida adecuada, al darse condiciones de hacinamiento, maltratos físicos y psicológicos de la población.
Hacemos un llamado a investigar y rendir cuentas transparentemente tanto a nivel nacional como regional, de forma que se permita sancionar en forma severa y ajustada al derecho a las personas responsables.
Exigimos al Estado panameño garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas adolescentes y reiteramos su derecho a no ser sometidos a tratos crueles, degradantes y a torturas.
PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EL SALVADOR:
Hacemos un llamado al Estado Salvadoreño a garantizar los derechos emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, de los cuáles es Parte.
Instamos a El Salvador a revisar el artículo 2 del Protocolo que establece la prohibición del reclutamiento obligatorio de personas menores de edad en las fuerzas armadas con el fin de que analice las nefastas implicaciones que esto podría tener en la vida de miles de adolescentes salvadoreños, así mismo señalamos esta amenaza como una violación de sus derechos humanos.
Reiteramos la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. La violencia estructural es la violencia que se debe abordar con orden prioritario en nuestros países.
Hacemos un llamado a convertir en inaplazable la necesidad de generar oportunidades para la población adolescente, oportunidades que se traduzcan en el ejercicio de sus derechos que son inherentes a su desarrollo integral y rechazamos toda forma de estigmatización y criminalización social de la pobreza.
SOLICITAMOS LA ACTIVACIÓN DE LOS MECANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
Al Comité de Derechos del Niño:
Solicitamos a la señora Radhika Coomaraswamy, Representante especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados de Naciones Unidas, examine la situación de El Salvador y pueda sensibilizarles y recomendarles acerca del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por fuerzas armadas para cometer actos de violencia, facilitando el diálogo y la reflexión entre los distintos sectores gubernamentales, sociales y académicos.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Solicita a los señores Relatores Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y al Señor Paulo Sérgio Pinheiro, Relator sobre los Derechos de la Niñez, realizar una visita a los centros de internamiento de Panamá con el fin de investigar y recomendar al Estado panameño sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
La red Vías Alternas es una iniciativa de Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica (DNI-CR) que se gesta en el 2005, gracias al auspicio de la Embajada de Holanda, y cuenta con el apoyo de organizaciones contrapartes en la región:
Costa Rica: DNI Costa Rica
El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Guatemala: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Honduras: Instituto para el Desarrollo Social y Participación Ciudadana
Nicaragua: Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE)
Panamá: Comisión de Justicia y Paz
El proyecto tiene como objetivo promover en la región Centroamericana el diseño e implementación de políticas públicas para la reducción de la violencia penal contra las personas menores de edad, mediante el desarrollo de acciones de incidencia política, articulación en red, comunicación, capacitación y sensibilización de los actores de los subsistemas de Justicia Penal Juvenil.
Para más información puede comunicarse al mail
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o bien visitar nuestra página Web: http://viasalternas.dnicostarica.org/v2/ 
DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS
(APROBADA EN LA XLI ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA)
La Red Vías Alternas conformada por las organizaciones en Centroamérica y Panamá (Defensa de Niñas y Niños –Internacional DNI Costa Rica, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Instituto para el Desarrollo Social y Participación Ciudadana de Honduras, Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE) de Nicaragua y Comisión de Justicia y Paz de Panamá) hacen un llamado a los gobiernos de los Estados Centroamericanos, para que realicen las acciones necesarias en la construcción de los sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil en la región.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 40.3 la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para adecuar la legislación interna a la Convención estableciendo un sistema especializado y exclusivo para fijar la responsabilidad penal de las personas adolescentes.
Dicho sistema debe centrarse en la persona adolescente, en virtud de su condición especial al encontrarse en proceso de crecimiento, como sujeto social de derechos y como el centro de todo el sistema de justicia penal juvenil. De forma que la sanción que se pueda imponer, cumpla con su función responsabilizadora y educativa, utilizando en el mínimo posible la prisión como sanción, y contrario a esto, la respuesta socioeducativa desarrolle a profundidad el principio educativo, permitiendo de esta forma, que los/as adolescentes puedan comprender y asumir las responsabilidades por las consecuencias de las acciones que han realizado.
LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA RED VÍAS ALTERNAS MANIFIESTAN A LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS:
Mostramos nuestra preocupación por las desigualdades y el problema de la exclusión social de las personas adolescentes y exigimos a los Estados incorporar dentro de las acciones encaminadas a implementar la Declaración de San Salvador, el principio de la especialización del sistema de justicia penal juvenil y el interés superior del niño/a, y adolescente.Vías Alternas llama la atención sobre el contexto y permanente situación de represión, criminalización y mano dura contra la población adolescente centroamericana, que ha llegado a traer graves violaciones de derechos humanos
a) Como en algunos países persisten situaciones de tortura y muerte (como linchamientos, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales);
b) Tendencias que presionan bajar de la edad máxima de responsabilidad penal con el fin de aplicar el derecho penal de adultos a personas adolescentes mayores de 15 años;
c) Los centros de privación de libertad aún no cuentan con condiciones mínimas para garantizar una calidad de vida de las personas detenidas, persisten condiciones de hacinamiento y carencia de servicios básicos como el agua potable;
d) Y una fuerte tendencia al aumento de las penas equiparándolas en algunos casos a las que se aplican a la población adulta.Asimismo, las organizaciones que conforman la Red Vías Alternas llaman la atención sobre las situaciones del contexto actual en Nicaragua, El Salvador y Panamá; situaciones que no cumplen con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cuál todos los Estados son Parte, y demás instrumentos de protección de los derechos humanos en la materia.
EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL - NICARAGUA:
Hacemos un llamado a todos los actores que conforman el Estado nicaragüense y a la sociedad civil a reflexionar sobre el tema de la edad de responsabilidad penal adolescente, recordando que Nicaragua es Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y que esta fijó como edad máxima penal para los adolescente los 18 años, sin excepción y aceptada por la comunidad internacional. Reiteramos los avances que ha realizado el Estado nicaragüense por mantener la edad mínima dentro del margen ideal que fija la comunidad internacional en 14 años y unas sanciones con un máximo de 6 años de privación de libertad, acordes con los parámetros internacionales; mostrando en ello congruencia con el respeto de los derechos y garantías legales de los/as adolescentes en conflicto con la ley.Recordamos que las personas adolescentes presentan diferencias con las personas adultas en términos de desarrollo físico y psicológico y necesidades emocionales y educativas, y es justamente estas diferencias las que determinan la base de una respuesta atenuada a la culpabilidad de las personas adolescentes infractoras.
CONDICIONES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO EN PANAMÁ:
Una vez más, las organizaciones que conformamos la Red Vías Alternas expresamos nuestra preocupación por las deplorables condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Panamá, ya que pese a las tragedias que han ocurrido, los centros siguen sin garantizar las condiciones mínimas para que las personas vivan dignamente.Señalamos que estos centros no se ajustan a los estándares que contienen los instrumentos de protección de derechos humanos, al carecer de servicios básicos como el agua y comida adecuada, al darse condiciones de hacinamiento, maltratos físicos y psicológicos de la población.Hacemos un llamado a investigar y rendir cuentas transparentemente tanto a nivel nacional como regional, de forma que se permita sancionar en forma severa y ajustada al derecho a las personas responsables.Exigimos al Estado panameño garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas adolescentes y reiteramos su derecho a no ser sometidos a tratos crueles, degradantes y a torturas.
PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EL SALVADOR:
Hacemos un llamado al Estado Salvadoreño a garantizar los derechos emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, de los cuáles es Parte.Instamos a El Salvador a revisar el artículo 2 del Protocolo que establece la prohibición del reclutamiento obligatorio de personas menores de edad en las fuerzas armadas con el fin de que analice las nefastas implicaciones que esto podría tener en la vida de miles de adolescentes salvadoreños, así mismo señalamos esta amenaza como una violación de sus derechos humanos.Reiteramos la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. La violencia estructural es la violencia que se debe abordar con orden prioritario en nuestros países.Hacemos un llamado a convertir en inaplazable la necesidad de generar oportunidades para la población adolescente, oportunidades que se traduzcan en el ejercicio de sus derechos que son inherentes a su desarrollo integral y rechazamos toda forma de estigmatización y criminalización social de la pobreza.
SOLICITAMOS LA ACTIVACIÓN DE LOS MECANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
Al Comité de Derechos del Niño:Solicitamos a la señora Radhika Coomaraswamy, Representante especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados de Naciones Unidas, examine la situación de El Salvador y pueda sensibilizarles y recomendarles acerca del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por fuerzas armadas para cometer actos de violencia, facilitando el diálogo y la reflexión entre los distintos sectores gubernamentales, sociales y académicos.A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:Solicita a los señores Relatores Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y al Señor Paulo Sérgio Pinheiro, Relator sobre los Derechos de la Niñez, realizar una visita a los centros de internamiento de Panamá con el fin de investigar y recomendar al Estado panameño sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
La red Vías Alternas es una iniciativa de Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica (DNI-CR) que se gesta en el 2005, gracias al auspicio de la Embajada de Holanda, y cuenta con el apoyo de organizaciones contrapartes en la región:
- Costa Rica: DNI Costa Rica
- El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
- Guatemala: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
- Honduras: Instituto para el Desarrollo Social y Participación Ciudadana
- Nicaragua: Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE)
- Panamá: Comisión de Justicia y Paz
El proyecto tiene como objetivo promover en la región Centroamericana el diseño e implementación de políticas públicas para la reducción de la violencia penal contra las personas menores de edad, mediante el desarrollo de acciones de incidencia política, articulación en red, comunicación, capacitación y sensibilización de los actores de los subsistemas de Justicia Penal Juvenil.
   
Para más información puede comunicarse al mail
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o bien visitar nuestra página Web: http://viasalternas.dnicostarica.org/v2/
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